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La necesidad histórica de condenar a Ríos Montt y a los otros psicópatas

La Comisión comprobó que la responsabilidad del 93% de las violaciones de derechos humanos registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo en esta categoría el Ejército Nacional, las PAC, los Comisionados Militares, otras fuerzas de seguridad del Estado y los Escuadrones de la Muerte

César Pérez Navarro - Tercera Información | 22-05-2013 | facebook yahoo twitter Versión para imprimir de este documento

Niña de la etnia Nebaj (mayo 2003)

En mayo de 2003 -hace ahora diez años- recorrí Guatemala durante algo más de un mes visitando varios pueblos indígenas, entre ellos, los que sufrieron lo que el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) definió como "torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes", cuyas poblaciones fueron diezmadas por el ejército y los paramilitares bajo el mando del llamado "gobierno". En la mochila llevaba uno de los escasos ejemplares impresos del informe nacido del Acuerdo de Oslo del 23 de junio de 1994. Es -probablemente- el estudio más profundo que se ha realizado sobre el genocidio (*) de Guatemala entre 1960-1996, cuya mayor virulencia tuvo lugar entre 1981 y 1983, período de la dictadura de facto de José Efraín Ríos Montt.

La CEH, junto al CIIDH y el proyecto REMHI, más estimaciones de asesinatos no reportados calculan que las víctimas civiles por la violencia directa ascendieron a 132.000, aunque se publican cifras de más de 200.000 muertos en total (1). Entre 1979 y 1985 "la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. Los Gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no sólo a combatir a la guerrilla sino atacando sistemáticamente al movimiento social y a la población en las áreas de fuerte presencia guerrillera, principalmente población maya".

En relación a los verdugos, el Ejército de Guatemala fue responsable del 85% de las violaciones registradas por la CEH. Le siguen, en orden de frecuencia, las Patrullas de Autodefensa Civil (18%), los Comisionados militares (11%), otras fuerzas de seguridad del Estado (4%) y las organizaciones guerrilleras (3%). Es decir, el 97% de las víctimas sufrieron terrorismo de Estado bajo la dirección y responsabilidad de Ríos Montt, entre otros dictadores o gobernantes tras fraude electoral.

El apartado que habla de la Agudización de la Violencia y Militarización del Estado reporta "la ayuda militar directa asignada por EE.UU. a Guatemala mediante el Military Assistance Program (MAP) y el Foreign Military Sales (FMS) (...). En 1978 se recibieron US$ 2.4 millones, US$ 3.3 millones en 1979 y US$ 2.2 millones en 1980". Igualmente se señala que "entre 1975 y 1982 el Ejército adquirió 11 aviones y 10 carros de combate proporcionados por Israel y fue totalmente equipado con fusiles Galil a un costo de US$6 millones", entre otras aportaciones.

El informe se articula en tres grandes capítulos: las causas orígenes del enfrentamiento armado; las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia; y los efectos y consecuencias del enfretamiento armado. El tercer capítulo, que hablaba de la ruptura del tejido social y el terror y sus secuelas, podía palparse al observar el gesto de las personas adultas y más mayores de las comunidades indígenas que visitamos. Una expresión de tristeza que nunca volví a observar en ningún otro país.

El mandato de Ríos Montt, el período que va de junio de 1981 a diciembre de 1982, concentró el 64% de todas las masacres documentadas por la CEH, así como el 76% de las ejecuciones arbitrarias perpetradas durante las masacres. Según el informe, "el 54% de los casos presenta hechos de extrema crueldad en la comisión de las masacres; de éstos, el Ejército de Guatemala participó en un 97%, ya sea actuando sólo o haciéndose acompañar por miembros de las PAC o comisionados militares". En cuanto a las víctimas según su etnia, "el 83.3% de las víctimas de violaciones de derechos humanos y hechos de violencia registrados por la CEH pertenecían a alguna etnia maya, el 16.5% pertenecían al grupo ladino y el 0.2% a otros grupos.

La Comisión comprobó que la responsabilidad del 93% de las violaciones de derechos humanos registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo en esta categoría el Ejército Nacional, las PAC, los Comisionados Militares, otras fuerzas de seguridad del Estado y los Escuadrones de la Muerte. En el 3% de las violaciones la CEH ha comprobado la responsabilidad de la guerrilla y en el 4% de otros grupos;

Dicho todo esto, dejo enlaces a los volúmenes I, II, III y IV donde se presentan relatos de los supervivientes de violaciones de Derechos Humanos, recomendando su consulta para la adecuada sensibilización del lector con lo que significa un genocidio. La lectura completa del informe consigue que se entienda la trascendencia que para las víctimas tiene la condena de Ríos Montt entre otros muchos carniceros psicópatas (**), pero hay que advertir de la extrema dureza de los testimonios documentados.

Expertos citados por la ONU subrayan que “la justicia es la mejor garantía para que estos crímenes no se repitan”, refiriéndose a la importancia de que Ríos Montt sea finalmente condenado. También lo es -no hay que olvidarlo- la información detallada sobre todos y cada uno de los genocidios que los pueblos han sufrido, en nuestro caso más aún el perpetrado por la dictadura franquista de manera sistemática hasta 1950. El historiador Paul Preston -por poner un ejemplo riguroso- apunta a que fueron 180.000 los ejecutados por el fascismo franquista durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. A las ejecuciones acompañaron 250.000 exiliados y 280.000 presos en cárceles (el 10 por ciento de la población activa), 190 campos de concentración que acogieron 350.000 detenidos y 200.000 presos esclavizados a trabajos forzados.

Por último, me gustaría contrastar el infome de la CEH con el comunicado de prensa publicado el pasado 12 de mayo por la Patronal de empresas de Guatemala (CACIF), que, ante la condena de Ríos Montt, presionó junto a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) a los tribunales a fin de abortar el proceso judicial. Esta última amenazó con movilizar hasta 50.000 paramilitares de la tenebrosa Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) para provocar el caos en el país. A colación saco la indignante noticia que la agencia EFE publicó en 2011: "Veteranos piden que "cese la persecución judicial" a militares guatemaltecos" (2);

(...) Las acusaciones en las que se sustentan los procesos abiertos en contra de antiguos cargos de las Fuerzas Armadas han sido "maliciosamente" interpretadas para "justificar delitos de lesa humanidad".

Los "planes de campaña" del Ejército, con base en los que la Fiscalía fundamenta los procesos, "en ninguna parte de su texto ordena masacres ni exterminio de algún grupo étnico en particular", precisa la asociación (...)

Volviendo al comunicado de CACIF del 12 de mayo, en él, la patronal dice que se "evidencia que se ha hecho una calificación inadecuada de esta figura [el genocidio], puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular (...) guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí, sin particularizar procedencias étnicas, sociales o religiosas". Ello, a pesar de que el 83.3% de las víctimas son mayas.

A esto hay que sumar artículos de opinión de los mercenarios de turno del régimen -en este caso, el guatemalteco- como el "periodista" Pedro Trujillo (3);

“Una condena por delito distinto al de genocidio, no satisfaría a determinada jauría hambrienta de venganza histórica que necesita una victoria jurídica que los revalide y les permita seguir recibiendo dinero por subvertir cualquier orden establecido (...) si en Guatemala condenan por genocidio, alentarán otros procesamientos: a propietarios de fincas en las que supuestamente se cometió—Argentina lo hizo—, emprenderán la lucha por la expoliación de tierras, estigmatizarán al país por décadas (...). 23/04/13

Sin olvidar alguna noticia desafortunada de El País -"La condena por genocidio a Ríos Montt reabre la división en Guatemala" (4)- en la que se citan palabras de un "analista" -Manuel Conde- que justifica la existencia de la Ley de Amnistía y -por ende- la impunidad, además de asustar con el "peligro de la vuelta a la violencia" tras la sentencia condenatoria;

“La ley de amnistía, dictada por los militares antes de entregar el poder a los civiles, tuvo la virtud de calmar los ánimos en la medida en que nadie —guerrilleros o militares— se sentía amenazado. Esto favoreció una transición sin asesinatos políticos selectivos (...) El peligro de una involución, de la vuelta a la violencia, ha sido señalado por la derecha económica, y ahora cobra verosimilitud”.

Como epílogo, otro titular de El País que da cancha al ex-dictador: Ríos Montt rompe su silencio en la recta final del juicio: “No soy un genocida” (5).

El ejemplar impreso que llevaba en Guatemala no pude terminarlo porque mi amiga Teresa se lo regaló a un guatemalteco que viajaba junto a nosotros en uno de los autobuses escolares reciclado para el trasporte interurbano. Como otros muchos, el joven nada sabía del asunto.

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(1) http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/m... (14)

(2) http://noticias.terra.com/america-l...

(3) http://www.prensalibre.com/opinion/...

(4) http://internacional.elpais.com/int...

(5) http://internacional.elpais.com/int...

(*) Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad. (RAE)

(**) Los psicópatas no pueden empatizar ni sentir remordimiento, por eso interactúan con las demás personas como si fuesen cualquier otro objeto, las utilizan para conseguir sus objetivos: la satisfacción de sus propios intereses.

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